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Coparmex alza la voz

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Categoría: Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO.— Julio 18 del 2024.-De manera contundente y firme, la directiva nacional de Coparmex y reconocidos juristas pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación que apliquen el “espíritu y criterio constitucionales” desde su esencia histórica para evitar que una mayoría artificial “aplaste” a la minoría en la Cámara de Diputados mediante la sobrerrepresentación legislativa de Morena.

En conferencia de prensa virtual sobre la sobrerrepresentación y la reforma judicial, José Medina Mora Icaza, líder nacional de Coparmex, y los especialistas participantes, invitaron al gobierno federal y al partido en el poder a que realicen una reforma judicial completa que incluya a los poderes judiciales de los estados, a las fiscalías estatales y a la defensoría pública, porque en estos sistemas se dan los atrasos en la administración e impartición de justicia expedita para las víctimas.

También advirtieron que la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena ahondan la incertidumbre jurídica del país y esto ha frenado la llegada de inversiones frescas del nearshoring.

Incluso, Medina Mora afirmó que la mayor parte de los 36,000 millones de dólares de inversión extranjera en México del año pasado son reinversiones de las ganancias de las empresas que funcionan en el país, en su mayoría no son inversiones frescas que lleguen del extranjero.

En la rueda de prensa participaron, además de Medina Mora, Marcos del Rosario Rodríguez, presidente del comité jurídico de Coparmex nacional; Mariana Campos Villaseñor, de la organización civil México Evalúa; Pedro Salazar Ugarte, del Consejo de la Abogacía Mexicana; y Jorge Sepúlveda García, secretario de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados. Medina Mora dijo que Coparmex tiene casi 95 años de historia en la cual siempre ha impulsado la democracia, el respeto a la libertad de expresión, a emprender, decidir, educar y respeto a los derechos humanos, defiende la verdadera democracia, la real división de poderes y el voto ciudadano.

Por ello están en desacuerdo con que la coalición que ganó (Morena-PT-PVEM) pretenda un 75% de las curules para tener el control absoluto de las cámaras baja y alta. Ese control político afecta a los ciudadanos, no refleja la realidad de los votos en las urnas del 2 de junio pasado y pone en riesgo al país porque excluye a otros partidos en la toma de decisiones importantes.

Afirmó que el espíritu y criterio de la Constitución federal mexicana establece que nadie puede contar con 300 diputados o más. En ningún caso, el partido político deberá contar con un porcentaje que exceda 8 puntos de la votación, por ello es muy importante esta distribución de la representación legislativa de legisladores plurinominales.

“Si el INE puede considerar una coalición como una sola fuerza política para los gastos de campaña, esta misma consideración debe aplicar en la repartición de diputados de mayoría proporcional”, indicó. “Como ciudadanos pedimos al INE y al tribunal electoral federal que respeten los principios constitucionales. Cuando las instituciones respetan la ley, fortalecen la democracia. Seguiremos pugnando para que se refleje fielmente la voluntad ciudadana, que para que tengamos un país más justo y equitativo para todos los ciudadanos”.

Poderes en declive

En su turno, Mariana Campos recordó que la república mexicana está sustentada en tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y hoy hay una propuesta del partido en el poder que busca reducir y debilitar a uno de esos poderes que es el Poder Judicial. Si lo logra, debilitan la república y la democracia.

“Hace un mes, millones votamos para elegir a quienes nos van a representar. La mayoría depositó su voto por Claudia Sheinbaum y también muchos mexicanos expresaron que quieren que la coalición oficialista (Morena-PT-PVEM) sean la primera fuerza política del país”, dijo. “Fue un triunfo inobjetable, pero hay que decir que en la formación de la Cámara de Diputados se construye una mayoría artificial y aquí es donde hay que ampliar la discusión y poner los insumos jurídicos. Morena ganó 213 distritos federales, pero busca transferir 90 al Partido Verde y del Trabajo para que logre un mayor número de diputados federales. En esta transferencia de triunfos es donde no está consistente los resultados que reflejaron las urnas y por ello el INE y el tribunal electoral federal tienen que corregir”.

“Para construir esta mayoría artificial Morena necesita 372 diputados, que es el 74.4% de la cámara, en lugar de que tenga 315 diputados (63%) que es lo que debería de tener y con el cual no alcanzaría la mayoría calificada”, explicó. “Este escenario con 315 diputados para la coalición oficialista sí respeta la representación proporcional que es del 8% de la votación. Entonces, el meollo del asunto está en que Morena quiere transferir triunfos a sus partidos aliados, lo que no debe de ser”.

Por su parte, Marcos del Rosario resaltó que es importante que las autoridades electorales que resolverán el tema de la sobrerrepresentación legislativa se apeguen a los parámetros constitucionales para que garanticen una democracia real. Sin embargo, la intención de Morena tal parece que quiere una mayoritaria que aplaste a las minorías legislativas y apagar las voces de los partidos que no consiguieron la representación necesaria.

“El llamado que hacemos es que las autoridades hagan valer ese principio de pluralidad y que haya una verdadera representación parlamentaria”, dijo.

A mirar el pasado

El doctor Pedro Salazar fue más contundente en términos jurídicos sobre el tema de la sobrerrepresentación legislativa y el argumento del presidente López Obrador y de Morena es que el Artículo 54 de la Constitución federal, en sus fracciones cuarta y quinta, se refiere al tope del 8% a los partidos, no a las coaliciones.

Esa es una interpretación muy estrecha a la Constitución, la interpretación correcta es que miren el origen y sentido de la misma. En ese sentido, las coaliciones son consideradas como un solo partido, una sola fuerza política y desde 1996 está vigente que el tope del 8% de la votación para la distribución de legisladores de representación proporcional está vigente no solo para los partidos, sino para las coaliciones.

Expuso que la propia Corte realizó un análisis sobre la representación proporcional en 1998 y se debe de garantizar la pluralidad en las cámaras y en consecuencia evitar la sobrerrepresentación en una sola fuerza política.

“Esa acción de revisión la impulsó el actual presidente López Obrador. Jurídicamente sostengo que el INE y el tribunal electoral deben aplicar la interpretación histórica, mirando los orígenes e ideología”, señaló el jurista.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL “Debe respetar la finalidad para la que fue aprobada para evitar la sobrerrepresentación, deben de ser garantista y mirar los derechos políticos de las minorías. Debe de ser una interpretación que mire el Artículo 54 ante la luz que establecen los principios y régimen democrático del país”.

“Una interpretación correcta debe llevar a una conclusión que el tope del 8% aplica a todas las fuerzas políticas y coaliciones. Su finalidad es garantizar los derechos de los minorías y todas las salvaguardas constitucionales. Hay argumentos estrictamente jurídicos para aplicar a la coalición oficialista y evitar que tenga una sobrerrepresentación en la cámara de diputados”.

Jorge Sepúlveda manifestó que la Barra Mexicana y Colegios de Abogados del país están atentos a la aplicación de la Constitución en el tema de la sobrerrepresentación legislativa y espera que el INE y la sala superior electoral apliquen estrictamente el espíritu y criterio constitucional. El tema de la reforma judicial también generó amplias posturas, explicaciones y argumentos válidos de que sería perjudicial si se aprueba tal como está en la iniciativa del presidente López Obrador porque la elección popular de jueces y magistrados es un modelo que fracasó en Bolivia y no se aplica en ningún otro país que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Creo que esta iniciativa no busca mejorar la justicia, lo cual es deseable, tiene una intención política de debilitar al Poder Judicial. Si quieren una reforma, hay que trabajar por un sistema que mejore y resuelva en beneficio de la víctimas y esa iniciativa no está así”, señaló la maestra Mariana. “Se ve la intención de debilitar al Poder Judicial federal porque ha emitido una diversidad de amparos contra quienes no han respetado la ley y violan la constitución”.

Marcos del Rosario consideró que la reforma judicial es un tema muy preocupante porque pretende generar una representación política y no aplicar la justicia con respeto a los derechos humanos. Esa iniciativa afectaría la independencia judicial, crearía intereses ajenos a la justicia y no garantiza que los impartidores de justicia sean personas capacitadas, conocedores de las leyes y con ética probada.

Pedro Salazar recordó que en 2021 se aprobó una reforma judicial considerada la más importante de los últimos 30 años y aún no termina su aplicación y el presidente López Obrador ya quiere otra reforma.

Además la actual iniciativa tiene un sentido diametral opuesto a lo que se pretende con la reforma de 2021. Dijo que si el presidente quiere una reforma en materia de justicia debe pensar en los ciudadanos de a pie y debe incluir a los poderes judiciales de los estados porque allí está la parte más fuerte de la administración de la justicia por su cercanía con la ciudadanía.

“Los poderes judiciales locales tienen una operación muy distinta en el país, por lo tanto debe de haber un esfuerzo coordinado y racional para reformar esos poderes locales, es la gran apuesta y la gran deuda que tenemos con las personas”, señaló.

Sobre las presiones, opiniones y postura de la Secretaría de Gobernación y del presidente López Obrador para que Morena tenga la mayoría absoluta mediante la sobrerrepresentación, el presidente nacional de Coparmex afirmó que ninguno de esos funcionarios tienen competencia para manifestarse, por ello existe el INE y el tribunal electoral de la federación para que resuelvan de acuerdo con el espíritu y criterios jurídicos de la constitución.

En sus propias palabras José Medina Mora Icaza, líder nacional de Coparmex

Si el INE puede considerar una coalición como una sola fuerza política para los gastos de campaña, esta misma consideración debe aplicar en la repartición de diputados de mayoría proporcional.

Como ciudadanos pedimos al INE y al tribunal electoral federal que respeten los principios constitucionales. Cuando las instituciones respetan la ley, fortalecen la democracia. Seguiremos pugnando para que se refleje la voluntad ciudadana, para que tengamos un país más justo y equitativo para todos los ciudadanos.