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Ataques perjudican a todos... "Más que nunca se necesita un Poder Judicial fuerte..."

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Categoría: Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO.-Septiembre 14 del 2023.- (El Universal).— En un desplegado publicado ayer en El Universal, 114 firmantes manifestaron su preocupación respecto a los ataques a jueces y explicaron que “nos perjudican a todos”.

Esto ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insultara a ministros y jueces, además de que su partido, Morena, ha impulsado recortes a todo el Poder Judicial.

“Los ataques infundados en contra de los jueces son en detrimento de la función jurisdiccional que ellos tienen confiada y en perjuicio del orden público”, subrayaron los 114 firmantes bajo la lógica, aseguran, de que el Estado mexicano necesita hoy más que nunca contar con un Poder Judicial fuerte y confiable, integrado por jueces conocedores e imparciales, que den seguridad jurídica a gobernantes y gobernados.

Dicen además que su existencia “hace posible el ejercicio de la autoridad, llevadera la obediencia y soportable el peso del poder público”.

Entre los firmantes se encuentran personas como María Marván e Ignacio Morales Lechuga.

A continuación presentamos parte del texto, publicado ayer en la página 5 de El Universal.

“Las agresiones a los jueces nos perjudican a todos. En un Estado en el que existe una división de poderes real y efectiva, el encargado de verificar que toda actuación pública y privada se desarrolle conforme a la Constitución y las leyes es el Poder Judicial. Por lo mismo debe ser fortalecido, pues de ello depende un equilibrio real de gobierno”.

“Los ataques infundados en contra de los jueces son en detrimento de la función jurisdiccional que ellos tienen confiada y en perjuicio del orden público. Si bien la gravedad de esta falta es independiente de quien la cometa, las arremetidas son mucho más nocivas cuando provienen de quienes protestaron guardar y hacer respetar la Constitución; es decir, el Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión”.

“El Estado Mexicano necesita hoy más que nunca contar con un Poder Judicial fuerte y confiable, integrado por jueces conocedores e imparciales, que den seguridad jurídica a gobernantes y gobernados. Su existencia hace posible el ejercicio de la autoridad, llevadera la obediencia y soportable el peso del poder público. Ante quienes acusan una intromisión del Poder Judicial en las funciones del Legislativo, basta decir que, por mandamiento constitucional, nada o muy poco está al margen de la función revisora de los jueces. Las leyes contenidas en nuestra Constitución no solo disponen los principios bajo los que opera la división de poderes y la colaboración entre ellos, sino que establece el sometimiento de los titulares de éstos a las determinaciones judiciales. Las sentencias y resoluciones de los tribunales y jueces son impugnables, pero cuando son definitivas se acatan y no se discuten; eso es lo que da sustento al Estado de Derecho y lo que hace que las instituciones públicas se fortalezcan y funcionen adecuadamente”.

“Los titulares de los Poderes carecen de facultades o atribuciones para juzgar las sentencia y resoluciones de los jueces; es inadmisible que las censuren o que extiendan su crítica a quienes las emiten. Un juzgador, habiendo actuado conforme a derecho, no puede ni debe ser censurado por su actuación”.

“Es reprobable que el presidente de la República, los legisladores federales y los gobernadores de los Estados critiquen las resoluciones judiciales o descalifiquen a quienes, en ejercicio de su función jurisdiccional, las emiten con el ánimo de obviar el contrapeso que evita excesos. Por ello, las descalificaciones a las determinaciones judiciales y ofensas a los ministros, magistrados o jueces federales o locales que las emiten atenta contra el propio Estado de Derecho”.

“Por otra parte, es censurable no acatar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. El gobierno ha manifestado que es un despropósito que la Corte Interamericana esté por encima de la Constitución, lo cual refleja una falta de comprensión de la posición de México frente a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana ejerce una jurisdicción especial voluntariamente aceptada por el gobierno mexicano, que no puede ser atribuida a las cortes constitucionales locales, pues éstas han sido creadas para defender sus constituciones sin posibilidad de resolver en contra de ellas”.

“La observancia irrestricta de las sentencias que emite aquella es ineludible e imperativa. Otra jurisdicción afectada por la injerencia oficial es la que ejercen los tribunales administrativos, a muchos de los cuales se les ha privado de autonomía e imparcialidad, también para obviar el contrapeso que evita excesos”.

“En todos los niveles: supranacional, federal y local, la función jurisdiccional se encuentra en un estado de vulnerabilidad. El estado actual de las cosas públicas exige resguardar con determinación la independencia judicial. Como profesionales del derecho, no podemos dejar de protestar. Guardar silencio nos volvería cómplices de las agresiones que se hacen a nuestros ministros, magistrados y jueces. El Poder Judicial debe ser fortalecido”.